Desde diversos organismos internacionales, como la UE y el Banco Mundial, se he prestado atención a un concepto nuevo utilizado para explicar determinados fenómenos sociales no controlados por la Administración: la innovación social. Las diferentes definiciones de este término tienen en común el hecho de que las iniciativas a las que se refiere responden –y solventan- a un problema social al que ni el Estado ni el mercado dan una solución, y lo hacen de manera novedosa al tiempo que dicha solución empodera a los grupos sociales o las personas más desfavorecidos. Bien, parece algo interesante: la sociedad civil organizada (o particulares, que también podría ser) llega donde ni la administración ni el mercado lo han hecho… Sin embargo, cuando nos enfrentamos a la tarea de seleccionar qué iniciativas son innovación social y cuáles no, los expertos no siempre se ponen de acuerdo. Y en ese momento surgen las alternativas posibles. Si una iniciativa no es innovadora, pero es, digamos “social”, ¿es innovación social?, quizá no, pero entonces, si cumple que ni es promovida por la administración ni es una empresa capitalista tradicional… ¿qué es? Podría ser economía social, economía alternativa, economía sostenible, economía azul, economía circular, y así hasta más de veinte conceptos nuevos (entre los que está la innovación social) que han aparecido en los últimos años para tratar de aprehender una nueva realidad (o quizá no tan nueva) que es especialmente destacable –por su cantidad y variedad- en las ciudades.
Pongamos un ejemplo, los grupos de consumo de productos ecológicos. Se trata de grupos autogestionados, surgidos de la sociedad civil, muchas veces de asociaciones vecinales o similares, de personas que están preocupadas por su alimentación y se organizan para acceder directamente a los productores agroganaderos y obtener esos productos para su consumo. No son mercado, no están apoyados por la administración, pero generan flujo económico, a veces incluso en mercados organizados por ellos mismos. ¿Se trata de una iniciativa social o de economía alternativa?. Otro ejemplo sería los bancos de tiempo, ¿es innovación social o economía colaborativa?. ¿Y una ONG que pone en marcha una idea para evitar la soledad en los ancianos generando una red de pisos de alquiler baratos y compartidos, a la vez que tutelados? ¿Innovación social o economía social?. La línea que los separa es débil y muy difusa. Sin embargo, podríamos pensar que no importa su clasificación, lo verdaderamente interesante, y loable, es que los ciudadanos tengan iniciativas para hacer la vida más agradable, la economía más sostenible y las relaciones sociales más fáciles. Lo importante es la acción, llámese como se llame.
Desde un punto de vista político, no es así. La definición de lo que es y no es, resulta de gran relevancia cuando vamos a elaborar políticas públicas. Quizá el grupo autogestionado necesite un local, y el Ayuntamiento tenga varios sin uso. Quizá, el banco de tiempo necesite un software que el Ayuntamiento puede facilitar, o quizá la ONG necesite subvenciones para pagar una parte del alquiler de los pisos habitados por personas sin recursos. En ese momento, el tema de la definición no es baladí, pues la política debe decidir a quién apoya y a quién no desde el momento en que los recursos públicos son escasos y no hay para cubrir todas las necesidades. Si el Ayuntamiento decide desarrollar una línea de actuación de apoyo a la innovación social, debe definir claramente a qué se refiere, qué tipo de iniciativas se incluyen y con qué criterios.
No cualquier cosa es innovación social, por muy novedosa que parezca, al tiempo que no cualquier cosa no nueva deja de ser innovación social en determinados espacios o condiciones. Hay que ser rigurosos y, desde la política, no dejarse deslumbrar por iniciativas sociales que en realidad son un paso hacia la mercantilización de un producto o servicio.
